El mercado de bonos verdes en México

El mercado de bonos verdes en México muestra un crecimiento acelerado, ya que cada vez hay más inversionistas interesados en apoyar proyectos que tratan de minimizar el impacto ambiental, mientras hacen crecer su capital a largo plazo.

Este tipo de bonos son un instrumento de deuda, capital o híbrido mediante el cual se obtienen recursos, cuyo uso es exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos verdes, es decir, con beneficios ambientales o climáticos.

La primera emisión de bonos verdes a nivel mundial fue en 2007 por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En México, el primer bono verde se emitió en 2015 por Nacional Financiera (NAFIN), por un monto de 500 millones de dólares a un plazo de 5 años y se destinó a financiar proyectos de energía renovable. 

De esta manera, NAFIN se convirtió en la primera banca de desarrollo en América Latina en emitir un bono verde. En 2016, el Gobierno de la Ciudad de México fue el primer gobierno local del país en emitir un bono verde por mil millones de pesos, con lo que fue posible financiar proyectos de gestión del agua, eficiencia energética y transporte sustentable.

De acuerdo con Climate Bonds Initiative, México es el tercer mercado de bonos verdes más grande de América Latina y el Caribe. Hasta 2023, el Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas (CCFC) reportaba 87 emisiones, siendo el sector de energía el más financiado, seguido por el de la construcción.

Algunos de los proyectos que financian los bonos verdes son:

·      Energías renovables

·      Construcción sustentable / Edificios verdes

·      Eficiencia energética (tecnología para reducir el uso de energía)

·      Transporte limpio

·      Gestión sostenible del agua y aguas residuales

·      Manejo de residuos

·      Economía circular

·      Agricultura verde/ Cadenas de abastecimiento de alimentos

·      Forestación

Cómo funcionan los bonos verdes

Los bonos verdes pueden ser emitidos por cualquier tipo de empresa, tanto pública como privada, institución financiera nacional o internacional, banca de desarrollo, entidades públicas, gobierno nacional, estatal o municipal.

Datos del CCFC indican que, hasta octubre de 2023, los corporativos representan el 43% de las emisiones de bonos verdes, seguidos por la banca de desarrollo con el 27%, el gobierno y paraestatales con el 20%, la banca multilateral con el 6% y la banca comercial con el 4 por ciento.

En el caso de los corporativos se encuentran, por ejemplo, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), integrados por cuatro fideicomisos públicos administrados por el Banco de México, a través de los cuales se otorgan créditos para apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país.

En la banca de desarrollo, la lista la encabeza NAFIN, cuyo objetivo es promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos para las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

La venta de un bono verde se realiza por un agente colocador debidamente autorizado por la Bolsa Mexicana de Valores: empresas bancarias y financieras, los agentes de intermediación (casas de bolsa) y la banca de inversión.

De acuerdo con la Guía de Bonos Verdes para México 2023, de la Corporación Financiera Internacional (IFC), las entidades más activas en nuestro país son: HSBC, BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, Inbursa, Monex, entre otros.

Para que un instrumento pueda ser etiquetado como bono verde en México, debe contar con una revisión externa o certificación que acredite que la emisión cumple con los Principios de Bonos Verdes MX, desarrollados por el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS):

1. Uso de los recursos provenientes de la emisión. Se establece que los recursos deben ser aplicados exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos verdes nuevos o existentes. 

2. Proceso para la evaluación y selección de proyectos. Se deberá determinar el proceso para que los proyectos financiados en efecto generen beneficios ambientales claros y específicos. Los criterios de elegibilidad, es decir, los sectores y actividades económicas, se basarán en la Taxonomía Sostenible de México, emitida en marzo de 2023 por la SHCP, aunque también se pueden utilizar las taxonomías del Climate Bonds Initiative (CBI) o de la Unión Europea.

3. Administración de los recursos. Éstos deberán abonarse a una subcuenta, trasladarse a un sub-portafolio o en su caso ser rastreados por el emisor de una manera que permita vincular los recursos provenientes de la emisión con las operaciones de préstamo o inversión del emisor en proyectos verdes.

Se sugiere que el tiempo máximo para asignar los fondos a los proyectos elegibles se realice en un periodo de hasta un periodo máximo de 12 meses. De lo contrario, el emisor debe declarar qué formas de inversión temporal usará hasta asignar el total de los ingresos en activos elegibles.

4. Revelación. El emisor deberá presentar, al menos anualmente, una lista de los proyectos verdes que hayan sido financiados, así como un informe de la asignación de recursos y/o, en su caso, las inversiones temporales de los recursos no asignados. Asimismo, se deberá reportar el impacto ambiental esperado y/o logrado de los proyectos financiados, utilizando indicadores cualitativos y, de ser posible, cuantitativos.

5. La documentación legal del emisor deberá contener la opinión de un tercero independiente sobre el cumplimiento de los cuatro componentes anteriores. 

Ventajas de invertir en un bono verde 

Los bonos verdes tienen las mismas condiciones financieras y jurídicas de los bonos tradicionales, la única diferencia radica en que este tipo de instrumentos permite alinear los objetivos corporativos de sostenibilidad y medioambientales con la estrategia de financiamiento.

La lista de emisores y sectores es cada vez más diversa, lo que permite un perfil de riesgo y rentabilidad potencialmente atractivo, ya que tienen rendimientos y calificaciones similares a inversiones de renta fija alternativas, convirtiéndolos en una opción a los bonos convencionales.

La transparencia, el manejo adecuado de la emisión y su estrategia de colocación dan a los inversionistas la garantía no solo de que su dinero se utiliza de forma correcta, sino que tendrán un retorno financiero a largo plazo.

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